Justicia y COVID-19

La pandemia que azota al mundo por el virus SARS COV2, no ha hecho más que enfatizar nuestro deplorable sistema de justicia y la urgencia en superarnos en términos de actualización, calidad y transparencia.

Desde que fue decretada la emergencia sanitaria en México, lo tribunales de justicia en todo el país cerraron sus puertas para evitar la propagación del mismo. En Jalisco, particularmente, desde el día 17 de marzo, se trabajó a puerta cerrada e incluso fue necesario solicitar al personal considerado vulnerable, a trabajar desde sus casas.

Cabe aclarar que, según los comunicados en el sitio oficial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, encontramos los juzgados que, por materia, realizarían guardia, así como el tipo de asuntos que se atenderían en estas circunstancias. Pudiéndose recibir únicamente los asuntos urgentes, los relativos a la interrupción de prescripción de derechos y los relativos a intereses de menores.

 Pero no es suficiente este sistema de guardia para los más de 40 días que los tribunales  han permanecido cerrados al público. Se han suspendido múltiples actividades para iniciar o continuar diversos procesos, alargando aún más el tiempo para finalizar cualquier asunto, aunque éstos estuvieran a punto de ser resueltos. Se suspendieron plazos, no hay notificaciones, tampoco se desahogan pruebas ni se realizan diligencias o audiencias. De este último punto, cabe indicar que en materia penal, éstas sí se han llevado a cabo, pero sin el escrutinio público que debe caracterizar al mismo.^[1]

Es entonces que nos damos cuenta del gran atraso e insuficiencia del sistema de justicia de México en general. Tenemos que, según el Índice del Estado de Derecho en México 2019-2020 realizado por el World Justice Project, el acceso a la justicia y la calidad de los procedimientos civiles y administrativos son un punto preocupante que no ha mejorado desde el reporte realizado en 2018.

Jalisco, en específico, ha obtenido puntuaciones muy bajas respecto a justicia civil y penal, posicionándose en el lugar número 30 y 27 respectivamente, de las 32 entidades federativas. De hecho, contra el año 2018, Jalisco, tiende a descender en dichos rubros. Estos indicadores miden si existe imparcialidad en los procesos, la calidad de los mismos, corrupción, uso de medios alternos de solución de conflictos y también si el sistema de justicia es expedito.^[2]

Los resultados anteriores tienen múltiples causas, no son nuevos y como  iniciamos esta columna, la situación extraordinaria denominada COVID 19, ha enfatizado la urgencia de comenzar a buscar soluciones al respecto.

Muchos problemas se resolverían con el empleo de herramientas tecnológicas. Son de gran ayuda para el usuario, incluso para el propio Estado. Estaríamos hablando de enormes ventajas procesales y económicas. Por ejemplo, como menciona el abogado Joaquín Xamán McGregor para un artículo del periódico Mural de fecha 12 de mayo del 2020, una oficialía de partes electrónica sería ideal para garantizar la imparcialidad de un proceso y muy útil para acelerar el mismo ya que atendería a un número mucho mayor de usuarios.

Otro ejemplo es cambiar el método de consulta interna de los expedientes en el propio Juzgado, de uno físico (las libretas) a uno electrónico, ya que el portal del Consejo de la Judicatura ofrece únicamente la publicación de los acuerdos. Sin embargo, se realizan múltiples trámites dentro de estas dependencias y los mismos se encuentran bajo la responsabilidad de determinada persona que cuenta a su vez con su propio control (más libretas). Esto supone gran subjetividad o maleabilidad (si se quiere) del propio expediente físico. Lo que resulta un gran riesgo para la imparcialidad y expedites del proceso, de hecho, es un gran problema para la justicia en sí.

Respecto a las notificaciones, me atrevo a decir que es el proceso con la solución más evidente de todas, en virtud de la era de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la que vivimos, las cuales evolucionan constantemente y por ende, transforman a la sociedad frente a nuestros propios ojos. De hecho, es tan latente que, tanto la iniciativa privada (bancos por ejemplo) como el Estado (buzón tributario), lo han implementado; a pesar de las objeciones por violaciones a derechos, son efectivas.^[3]

De manera que el acceso a la justicia y las herramientas informáticas son clave para el desarrollo de la dignidad de toda persona. La Organización de las Naciones Unidas ha indicado en su panel titulado “Era de la Interdependencia Digital” que el acceso a las TIC es necesario puesto que va de la mano con nuestros derechos fundamentales, ya que permite mayor entendimiento y conexión entre individuos, como se indica en dicho reporte. “Las tecnologías digitales han demostrado que pueden conectar individuos superando barreras culturales y geográficas, aumentando así el entendimiento y ayudando potencialmente a la sociedad para ser más pacífica y cohesiva.”  (Secretario General, ONU: 2018 p.16)

De esta interdependencia hemos obtenido grandes beneficios y riesgos, razón por la cual, dos de los valores a desarrollar globalmente según el reporte del panel antes mencionado, son:

Inclusión; en cuanto a la necesidad de lograr igualdad de oportunidades para el acceso a oportunidades de desarrollo sustentable.

Accesibilidad; en el sentido de desarrollar dispositivos y servicios tecnológicos asequibles a todo público.

Finalmente, el propio estado reconoce la necesidad del uso de la tecnología para “garantizar el acceso a la justicia” tal como lo indica Eduardo Moel Modiano, integrante del Consejo de la Judicatura para el Estado de Jalisco, según el artículo redactado por Rafael Hernández para el noticiero UDGTV.

Estamos ante un estado de emergencia que representa también un cambio de paradigmas y oportunidades. Es tiempo de abrir espacios y ver alternativas que ya están aquí, como el pago electrónico y envío de documentos para diversas dependencias, utilización de plataformas digitales para el desahogo de audiencias o negociaciones entre partes. El uso de firma electrónica o medios de identificación digital. Tenemos un sinfín de herramientas a aplicar.

Para profundizar: Revista de Derechos Fundamentales a debate de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco:

• Reporte del Panel de Alto Nivel del Secretario General sobre la Cooperación Digital de la Organización de las Naciones Unidas:

• Entrevista por ITESO a los doctores y notarios; Guillermo Alejandro Gatt Corona y José de Jesús Bailón Cabrera:

REFERENCIAS:El COVID-19 también causa estragos en la impartición de justicia. (2020, Mayo 15). 44 Noticias. Recuperado de: http://udgtv.com/noticias/covid-19-causa-estragos-imparticion-justicia/?fbclid=IwAR3beRXStJubmfOqNTIhNptSazPw4MBOii85GXBh0VHfq5F1uh58EFbHjeM

Es colero Jalisco en justicia eficaz. (2020, Mayo 12). MURAL. Recuperado de https://www.mural.com/es-colero-jalisco-en-justicia-eficaz/gr/ar1940440?md5=6728e45662b52fb015d69b35b0fc024e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=e61c92b0c840b9910832533fbc240892

Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020. (2020, Abril 20). Recuperado de. https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico-2019-2020/

Urge modernización en los procesos de impartición de justicia. (2020, Mayo 15) recuperado de:http://udgtv.com/noticias/urge-modernizacion-procesos-imparticion-justicia/?fbclid=IwAR3CXYET7AD6wsAsnUZp9FVeArriZir0VTqL5ATH0cI4L8GnSMkXRPkLqeY.

Secretaría General de la ONU. (2018, Julio 12). The age of Digital Interdependence. Recuperado el May 2020, en https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for web.pdf.

^[1] El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco abre al público el día 29 de mayo y ha desarrollado un sistema de citas para la recepción de demandas, con vigencia del 25 al 29 de mayo del 2020, mediante correo electrónico, únicamente para asuntos familiares.

^[2] Jalisco es de los estados peor puntuados respecto a corrupción, siendo uno de los 5 estado más bajos. Y muy por debajo de la media respecto al resto de los estados, en cuanto a seguridad. Con puntaje de .17 (Donde 1 indica la máxima adhesión al estado de derecho).

^[3] Recientemente, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, comunicó un sistema de notificación electrónica donde se requiere el registro de cédula profesional del abogado en cuestión.

Por: María José Bailón Ramírez Gámiz

Abogada por la universidad Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (2014). Maestra por la Universidad de Guadalajara en Derecho Constitucional y Administrativo.